OPINIÓN. La mujer a 10 años del establecimiento de la Corte Penal Internacional

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Por: Mariana Rodríguez Pareja* de Asuntos del Sur (especial para Spacio Libre) / @AsuntosdelSur 

Hace diez años, el 1 de julio de 2002 comenzó a funcionar la Corte Penal Internacional (CPI) en la ciudad de La Haya. No resulta fácil comenzar una organización de tal envergadura desde cero, especialmente porque se trata de una institución que tiene la facultad de juzgar a los responsables de crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra y eventualmente, de agresión. Juzga a individuos y no a Estados,es permanente,  no retroactiva y aplica el principio de complementariedad, por medio del cual, actúa cuando el Estado no lo hace por falta de capacidad o de voluntad.

La CPI es independiente de la ONU – no ha sido creada por ninguna resolución del Consejo de Seguridad–, lo que le brinda mayor legitimidad y su Estatuto fundacional ha sido adoptado luego de intensas negociaciones entre los Estados, bajo la observancia de la ONU, de expertos y ONG de todo el mundo.

Revolución

El Estatuto de Roma es innovador en varios aspectos por los crímenes que aborda, pero creo que en cuestión de género es revolucionario. En principio, es el primer instrumento internacional que define género como “los dos sexos, masculino y femenino,en el contexto de la sociedad”. Luego, porque identifica crímenes en contra de las mujeres como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, en algunas instancias,genocidio.

Si bien tanto los hombres como las mujeres pueden ser víctimas de la mayoría de los delitos tipificados en el Estatuto de Roma, de ellos, como el embarazo forzado, sólo se pueden cometer contra las mujeres y la experiencia nos sigue demostrando que las violaciones y las agresiones sexuales se cometen contra ellas de manera desproporcionada. Falta con leer lo que está sucediendo en varios rincones de nuestro planeta en este mismo momento.

El Estatuto de Roma reconoce expresamente entre los delitos más graves del derecho internacional una amplia gama de formas de violencia sexual y de género. Incluso,sigue la línea trazada en el Caso Akayesu por Tribunal Internacional de Ruanda, por tanto la violación y la violencia sexual también son actos constitutivos de genocidio, además de ser una forma de tortura y un crimen de guerra.

Otra cuestión importante de resaltar es que en vez de definir la violación en términos simplemente de penetración vaginal forzada con el pene, se hace una definición neutral desde el punto de vista del género (con lo que se reconoce que los niños y los hombres también pueden ser violados) y se habla en general de invasión del cuerpo de la víctima, lo que incluye violación con objetos y sexo oral forzado. Y se hace hincapié en los actos coercitivos del autor, incluidas las amenazas y la opresión psicológica, y no sólo en la fuerza física.

En cuanto a la participación de víctimas y testigos de violencia sexual, el Estatuto de Roma establece estándares que revolucionan lo conocido en la legislación nacional, facilitando la participación y la protección de víctimas y testigos. La idea es contribuir para que asegurar que la calidad de víctima de crímenes de naturaleza sexual no sea un factor estigmatizador o de mayor riesgo. Por tal razón, las víctimas pueden participar en todas las etapas de proceso y no se admiten las pruebas que hagan referencia al comportamiento sexual anterior o posterior de la víctima o testigo. Tampoco se requiere la corroboración del testimonio de la víctima en los casos de violencia sexual, ni será considerada la defensa del victimario que se sustente en el supuesto consentimiento por parte de la víctima.

Transversalidad

El sistema del Estatuto de Roma y estructural de la Corte Penal Internacional logró que la cuestión de género sea tratada con la seriedad merecida y que sea abordada como una cuestión transversal,estando presente en su estructura, en todos los órganos que la componen, en los crímenes que trata y en toda su gestión.  Estas incorporaciones se lograron gracias a la estrategia desarrollada por las organizaciones feministas y de mujeres, que aseguraron la inclusión de la perspectiva de género y de no discriminación en todo el estatuto.

Al día de hoy,121 países han ratificado el tratado y las voces contrarias al Estatuto de Roma han ido, lentamente, disminuyendo. La CPI se encuentra actualmente investigando 14 casos en 7 países diferentes. El Consejo de Seguridad de la ONU ha remitido las situaciones en Darfur y Libia, dándole a la CPI competencia y jurisdicción sobre dos de las crisis humanitarias más importantes del siglo.

A pesar de estos significativos logros y alcances plasmados en su Estatuto fundacional, la CPI aún está por emitir su primera sentencia y la Fiscalía no ha abierto casos fuera de África, a pesar de la existencia de situaciones graves- que podrían caer bajo la jurisdicción de la CPI- en América Latina y otras partes del mundo

Hace diez años comenzó a funcionar una institución que tiene el objetivo más difícil de cumplir: acabar con la impunidad para los mayores crímenes de la conciencia humana.

Si bien todavía resta mucho por hacer,creo hemos avanzado algo.

*Mariana Rodríguez Pareja es la Directora del Programa de Derechos Humanos de Asuntos del Sur (ADS) / @maritaerrepe

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