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Rostros de la injusticia en Caso UNCP

Tomado de la revista Cronika

- Mientras en Lima continúa el juicio por los crímenes de La Cantuta (y Barrios Altos); en Huancayo, los familiares de las víctimas de la Universidad Nacional del Centro del Perú se preguntan: ¿Será cierto que justicia, solo en el cielo?

- Documentos desclasificados de Estados Unidos revelan que los cuerpos de varios estudiantes habrían sido arrojados, desde un helicóptero, en la espesura de la Selva Central.

Escribe: Wilber Huacasi

En aquel momento pensó que lo peor estaba por suceder. Un hombre vestido de civil acababa de intervenirlo en forma sorpresiva tomándole del cuello y apretando el cañón de un arma de fuego contra su cintura, mientras le decía en voz baja: “¡Policía!, está arrestado”.

El joven estudiante de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) notó la presencia de otro falso policía que de inmediato le arrancó sus documentos. En cuestión de segundos, fue obligado a subir a un auto volkswagen de color amarillo que avanzaba lentamente por la cuarta cuadra del jirón Ayacucho, en pleno cercado de Huancayo. El vehículo empezó a acelerar con dirección hacia el sur, trasladando al detenido en el asiento posterior, boca abajo, con la cabeza presionada y con un revólver apuntándole en el cuello.

Aquella mañana del 25 de agosto de 1992, el dirigente estudiantil y miembro del tercio superior, Miguel Ángel Cieza Galván, no sabía si finalmente saldría con vida.

Al día siguiente su madre, Olga Galván, acudió en su búsqueda al cuartel del Ejército Peruano, 9 de Diciembre. Allí le informaron que había 19 estudiantes detenidos. Olga asumió que entre ellos se encontraba su hijo. Pero al tercer día, cuando retornó al recinto militar, le dijeron que ya no tenían a ningún estudiante. El padre del universitario, Óscar Cieza, se había sumado a la búsqueda. Pidió apoyo al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la iglesia, pero nada. “Y los muertos seguían apareciendo”. Olga Galván y Óscar Cieza se sumaban, de este modo, a la lista de familiares que para entonces buscaban a los estudiantes desaparecidos de la UNCP.

DOS HISTORIAS PARALELAS

El mismo día en que Miguel Ángel Cieza fue secuestrado en Huancayo, el principal jefe de las Fuerzas Armadas del país, Nicolás Hermoza Ríos, era citado para comparecer ante un juez de Lima.

“El Comando Conjunto no ha dispuesto ninguna detención ni tiene conocimiento de que ésta se haya efectuado”(1). De este modo, Hermoza Ríos se defendía de un habeas corpus presentado en su contra, por la desaparición de nueve estudiantes y un catedrático de la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta). Todos —como se conocería más adelante— habían sido secuestrados en la madrugada del 18 de julio, por un destacamento paramilitar conocido como el Grupo Colina.

El gobierno había puesto su mirada en las universidades. El plan para combatir al terrorismo tenía cuatro puntos centrales y uno de ellos era “expulsarlos de las universidades”(2). Si los crímenes del caso Cantuta se produjeron en julio de 1992, casi de inmediato, a inicios de agosto, el Ejército instaló una base de “acción cívica” en el comedor de la UNCP. Allí se realizó un censo general que consistía en el llenado de una ficha con datos que incluían la dirección del domicilio de los estudiantes. Todos eran fotografiados y filmados por militares. Se venía algo peor.

En las semanas siguientes, varios universitarios serían sacados a la fuerza de sus viviendas. El caso de Peter Cosme Ureta, estudiante de Ingeniería Química, grafica lo que ocurría en aquellos días: en la noche del 9 de setiembre tres hombres con porte militar lo sacaron brutalmente de su casa en Saños Chico. Luego de tres días su cuerpo yacía frío e hinchado en la morgue de Huancayo, con huellas de disparos en la frente y el pecho (3).

Entre julio y octubre de 1992, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reportó más de treinta casos de universitarios desaparecidos. Como por arte de magia, todo un salón con una treintena de alumnos se hizo humo. Muchos fueron asesinados. En aquel período se produjo la intervención del joven Miguel Ángel Cieza, pero él correría una suerte distinta.

PEREGRINACIÓN JUDICIAL

Dieciséis años después de estos episodios, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y los ex integrantes del grupo Colina rinden cuentas ante la justicia por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. En cambio, el tiempo parece haberse detenido en Huancayo: el expediente por las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de los estudiantes y catedráticos de la UNCP continúa en la Tercera Fiscalía Penal de Huancayo en etapa de investigación.

Para el abogado Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y defensor de los familiares de las víctimas en el caso Cantuta, se trata de una “demora inaceptable”. La opinión es compartida por Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos, quien advierte que este caso, considerado como “emblemático”, presenta una gran limitación: la poca disposición de las Fuerzas Armadas para brindar información.

Razón no le falta. Un reciente oficio ingresó al despacho del titular de la Tercera Fiscalía Penal de Huancayo, Juan Pacheco Callupe, con la firma del actual Jefe de Estado Mayor de la 31º Brigada de Infantería con sede en Huancayo, Rodrigo Lavado Saldias.

El documento da respuesta a una solicitud de informes detallados del personal militar de los años de la violencia: “no se mantiene los archivos pasivos en las unidades por espacio de diez (10) años y los documentos de mayor antigüedad son incinerados (…) (4)”.

¿Incinerados?, en su reciente visita a Lima, kate Doyle, analista de The Nathional Security Archive, una organización civil de Estados Unidos, hizo un comentario alentador al respecto: “En Guatemala, a pesar de haberse creado una comisión de la verdad (los militares) no se atrevieron a destruir sus archivos”.

Como fuera, la falta de colaboración de las instituciones castrenses es una de las principales trabas en las investigaciones, pero hay otra razón que ayuda a convertir el proceso de investigación del caso UNCP en una peregrinación judicial: la sobrecarga de expedientes.

La Tercera Fiscalía Penal de Huancayo, en la actualidad, tiene a su cargo un promedio de 1,258 expedientes entre procesos judiciales en curso e investigaciones (5). Solo 59 expedientes corresponden a investigaciones de violaciones a los derechos humanos. Solo dos expedientes, en vías de ser acumulados, corresponden al complejo caso UNCP que busca esclarecer y sancionar a los responsables de no menos de 74 víctimas de las fuerzas del orden.

El problema es bien conocido en las altas esferas del gobierno. A diferencia de Ayacucho y Huancavelica, Junín carece de una Fiscalía Penal Supraprovincial con dedicación exclusiva para los casos de violaciones a los derechos humanos en los años del conflicto interno, no obstante el pedido planteado en forma reiterada por la Defensoría del Pueblo (6).

La entidad defensorial también pidió al Ministerio de Justicia implementar un sistema de defensa para las víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos. El gobierno prefiere hacerse de la vista gorda.

Sí, en cambio, dispone de fondos para apoyar a militares procesados por violaciones a los derechos humanos: en el portal de Consucode(7) hay una convocatoria del Ministerio de Defensa por más de cien mil nuevos soles, para contratar el servicio de defensa legal de militares en diez casos. Entre ellos se encuentra el caso UNCP, junto a la Matanza de Pucará (hecho ocurrido en 1989, en el primer gobierno de Alan García), secuestro y tortura de Juan Ramírez Hinostroza, y asesinato de diez colonos en Delta (Pichanaki) (8). Todo el apoyo para los acusados. Nada para las víctimas y sus familiares.

LOS INVESTIGADOS

¿Quiénes son los responsables de las muertes y desapariciones de los estudiantes de la UNCP? Un huancaíno que llegó a ocupar altos cargos en la institución castrense se encuentra entre los militares investigados por delitos contra la humanidad.

Pero vamos por partes. Por su grado jerárquico, uno de los principales autores de estos hechos sería Nicolás Hermoza Ríos, ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 1992 y 1998.

Junto a él son investigados los ex jefes del Frente Mantaro: Manuel Jesús Delgado Rojas, Carlos Torres Rodríguez y Luis Pérez Documet. Este último ya brindó su manifestación ante la fiscalía y una de las respuestas más frecuentes sobre los asesinatos y secuestros de estudiantes es: “Desconozco”. El también procesado por los secuestros y asesinatos de La Cantuta sostiene haber “respetado los derechos humanos”.

También brindó su manifestación el general huancaíno David Jaime Sobrevilla, quien asumió, en enero de 1993, el cargo de jefe político militar del Frente Mantaro. A él se le atribuye responsabilidad en la muerte de tres estudiantes, entre ellos la de Milagros Flor Túpac Gonzáles (22 años, estudiante de Trabajo Social en la UNCP).

El citado general también lo niega todo: “fuera de la universidad (…) jamás ordené intervenciones a universitarios”. Y agrega: “(…) en Huancayo o en toda la sierra central hay un fenómeno social en que los adolescentes se van de su casa y los familiares denunciaban como desaparecidos”.

Régulo Túpac, padre de Milagros Flor, no acepta esta última aseveración. A su hija la sacaron de su casa en la madrugada del 12 de febrero de 1993, para luego ser trasladada en un portatropas con rumbo desconocido. A pesar de las amenazas que recibía mediante llamadas telefónicas, el padre se dedicó a buscar a su hija. Quería encontrar aunque sea su cadáver para darle cristiana sepultura. “En la morgue de Jauja apareció un día un cuerpo de una mujer decapitada. Fui a ver si era mi hija. No era, porque ella tenía una cicatriz de una operación”.

Régulo Túpac nunca más supo de ella. A tres lustros de su partida, el padre de la hija ausente mantiene la esperanza de ver en la cárcel a los responsables.

Queda por determinar, en estos actos, la responsabilidad del ex presidente Alberto Fujimori, de su ex asesor Vladimiro Montesinos y del grupo Colina. La CVR no ha descartado la participación del grupo Colina en los crímenes y secuestros de los universitarios del centro. Entrevistado vía internet, el general (r) Rodolfo Robles ha ratificado una declaración brindada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “No me queda duda que existe alta probabilidad de su participación (del grupo Colina o sus integrantes) en estos crímenes de Huancayo”.

¿EL LEÓN DESPIERTA?

Algunos todavía recuerdan al “general con bigotes” que en enero de 1992 llegó a Huancayo para asumir la jefatura del Frente Mantaro. Quienes lograron entrevistarse con él subrayan su “falta de sensibilidad”, cuando suplicaban por la libertad de sus familiares detenidos en el cuartel 9 de Diciembre. “No hay ningún detenido”, solía responder el nuevo mando militar en cuyo período la cantidad de crímenes y desapariciones de universitarios llegaría a su pico más alto.

El general con bigotes tiene un nombre: Carlos Torres Rodríguez. Durante su permanencia en Huancayo se registró la muerte y desaparición forzada de no menos de 36 víctimas de la universidad del centro. La gran mayoría, jóvenes. Una de ellas de apenas 17 años. Precisamente en este período se produjo el secuestro de Miguel Ángel Cieza Galván, el 25 de agosto de 1992.

Los hechos reflejaban que las fuerzas del orden, en la práctica, cumplían casi un mismo libreto con los detenidos universitarios: primero, eran sacados a la fuerza de sus domicilios o secuestrados en la calle; en los días siguientes, aparecían sus cadáveres con huellas de tortura y disparos en la cabeza.

Pero no todos aparecían. En el capítulo dedicado al caso UNCP, el informe final de la CVR registró más de 30 casos de desaparecidos por intervención de las fuerzas del orden.

¿Qué ocurrió?, en aquel año se habría llevado a cabo una modalidad de desapariciones que muy pocos llegaron a conocer… bajo las órdenes de Torres Rodríguez muchos cadáveres de estudiantes universitarios fueron arrojados desde un helicóptero en la espesura de la Selva Central.

Tal información es consignada en archivos desclasificados por Estados Unidos. Ninguno de estos documentos forma parte, todavía, del expediente que obra en la fiscalía responsable de las investigaciones.

En abril de 1993, el embajador de EEUU, Charles Brayshaw, reportó ante la Secretaría de Estado de Washington sobre la circulación, en Lima, de una nota anónima cuyos autores se identificaron como oficiales militares interesados en la justicia y los derechos humanos. Se trataba del grupo denominado León Dormido, el mismo que con acierto había informado con detalles el crimen de La Cantuta.

En esta nota anónima se acusó a Torres Rodríguez “de dirigir los secuestros, tortura y ejecuciones de 31 estudiantes universitarios en Huancayo en 1992” (9). Bajo sus órdenes, un coronel de apellidos Gonzales Campana “organizó varias cuadrillas” para ejecutar los secuestros y asesinatos de los estudiantes. Sus cadáveres fueron arrojados entre Jauja y Huancayo con la apariencia de haber sido victimados por Sendero Luminoso. Sin entrar en detalles, se consigna que los cuerpos de ocho estudiantes “fueron tirados desde un helicóptero en la selva, entre San Ramón y La Merced”.

Esta última información es corroborada en un segundo reporte —también desclasificado— que el embajador Brayshaw emitió a Estados Unidos en junio de 1993, teniendo como fuente un nuevo mensaje anónimo distribuido por el León Dormido: “Los aproximadamente 31 estudiantes de la Universidad del Centro que desaparecieron entre julio y octubre de 1992 en Huancayo, fueron torturados por agentes secretos antes de ser ejecutados” (10).

El nombre de Gonzales Campana nuevamente es citado como líder de una brigada de la muerte. De acuerdo al cruce de información realizado para este informe, se trataría del coronel en retiro, Danilo Nicolás Gonzales Campana. Éste habría dispuesto separar a los estudiantes detenidos para ser llevados a diferentes bases (Concepción, Chupaca, Sapallanga y Chongos Bajo). Los universitarios habrían sido colocados en fosas profundas sin ropa, sin alimentos, sin agua. Los maltratos físicos se producían en zonas aisladas del campo. Luego de los interrogatorios venían las ejecuciones.

El anónimo agrega que la fiscal en temas de derechos humanos, Imelda Tumialán, reclamó por los secuestros y los cuerpos que aparecían al borde de las carreteras. Ante esto, el general Carlos Torres Rodríguez ordenó a Gonzales Campana “deshacerse de los cadáveres arrojándolos desde un helicóptero en la selva”. Un tercer nombre surge como protagonista de estos hechos: Eduardo Ríos Villarán, (a) “Gusano”, quien en su condición de piloto habría sido el encargado de realizar los viajes aéreos hacia la selva.

Con estos documentos desclasificados, Torres Rodríguez tendría que ser citado por el Ministerio Público. Torres Rodríguez también fue acusado en Lima por el caso Los Cabitos (Ayacucho) y en 2005 una abogada exigió su detención. Hay un detalle… Torres Rodríguez ya ha fallecido. Su muerte ha sido confirmada por fuentes castrenses y civiles.

Sí, en cambio, tendrían que esclarecer estos pasajes, ante la justicia, Danilo Gonzales Campana y el piloto Eduardo Ríos Villarán.

EL SOBREVIVIENTE

Tras ser secuestrado aquel 25 de agosto de 1992, el joven Miguel Ángel Cieza fue trasladado al cuartel 9 de Diciembre. En los primeros ocho días de cautiverio, sufrió tortura física y psicológica, “escuchando el clic de una pistola que se disparaba dentro de su boca y cabeza”, según supo después su padre Óscar Cieza. “Solía despertar gritando y sudoroso con la sensación de haber recibido un disparo en la cabeza”.

El universitario era sumergido en tinas repletas de agua. En forma reiterada lo suspendían con una cuerda con los brazos hacia atrás. En los nueve días siguientes continuaron los maltratos psicológicos: sin proponérselo, fue testigo de torturas y violaciones sexuales contra otros estudiantes detenidos. Enterado de que en esos días aparecían cuerpos de estudiantes asesinados, marcó su nombre sobre su brazo izquierdo, como un tatuaje, para que sus familiares puedan identificar su cadáver.

A mediados de setiembre, Miguel Ángel recibió un mensaje de un militar: “¡Tombito!, tienes una estrella que te alumbra”. Para entonces, su padre Óscar Cieza, apoyado por su condición de policía, había confirmado que su hijo estaba en el cuartel 9 de Diciembre. Coordinaciones en el más alto nivel y la presión ejercida por la fiscal para los derechos humanos, Imelda Tumialán, sumaron para que el joven Cieza pueda ser liberado.

Doce días antes de ser dejado en libertad, Miguel Ángel sufrió un aislamiento absoluto. Postrado en un baño, tenía que esperar para que el tiempo borre las heridas de las torturas.

Al promediar las cuatro de la madrugada del 23 de setiembre, dos miembros del Ejército lo trasladaron en un jeep hasta la altura del puente Las Balsas de Concepción, una provincia ubicada a una hora de viaje desde Huancayo. Antes de dejarlo en libertad, le advirtieron que si denunciaba algo, recibiría represalias contra él y su familia.

“Cuando fui a recogerlo, llegué a desconocerlo”, recuerda ahora su padre Óscar Cieza quien lo encontró con 20 kilos menos, los pies descalzos y huellas de golpes en el rostro y distintas partes del cuerpo. “Era como si mi hijo hubiera vuelto a nacer”, expresa su madre Olga. Ambos lograron recuperar a su hijo. Pero solo lo tendrían por unas semanas más.

Miguel Ángel tuvo que dejar la universidad. Tuvo que alejarse de su familia. Tuvo que vivir durante un año en la clandestinidad, en un pueblo joven de Lima. Finalmente, en diciembre de 1993, tuvo que salir del país para proteger lo único que le quedaba: su vida.

El otrora estudiante de ingeniería eléctrica hoy bordea los cuarenta años y mantiene en la memoria pasajes de aquellas violaciones cometidas al interior del cuartel 9 de Diciembre. Los hechos fueron negados por los mandos militares del Frente Mantaro. Hasta ahora lo niegan.

Por ello, el testimonio del joven Cieza es pieza clave en las investigaciones por el caso UNCP. Aún refugiado en otro país, Miguel Ángel está dispuesto a retornar para brindar su testimonio ante las autoridades judiciales. Solo pone una condición: garantías para su vida.

FIN

CITAS:

1 Tomado de El crimen de La Cantuta, de Efraín Rúa (Cuarta edición, enero 2006)
2 Ello fue explicado por el líder del grupo Colina, Martin Rivas, en el libro Ojo por Ojo: la verdadera historia del grupo Colina, de Umberto Jara.
3 Testimonio ofrecido por su hermano Rosel Cosme Ureta ante la CVR.
4 Oficio Nº 700 31º BI-11a/02.44.02
5 Información actualizada al mes de agosto de 2008.
6 Informe Nº 128 de la Defensoría del Pueblo.
7 Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
8 Adjudicación directa Nº 20-2008-CA-CGE
9 Documento desclasificado W5, por gestión de The Nacional Security Archive.
10 Documento desclasificado W8, por gestión de The Nacional Security Archive.

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